Sobreseimiento.,- Fiscal que recurre - Actuaciones en las que luego de recibir declaración indagatoria al imputado, se resolvió que no había mérito para procesarlo o sobreseerlo y se ordenaron distintas medidas

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 24 - Jun - 2020

“(…) I.- Convoca nuestra intervención el recurso de apelación deducido por el fiscal, contra el auto que sobreseyó a R. G. en orden al suceso por el que fue indagado.

II.- El juez Julio Marcelo Lucini dijo:

Tal como sostuve en mi intervención anterior, a cuyos argumentos me remito en honor a la brevedad, estimo reunido el estado de certeza negativo que exige el art. 336 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que el temperamento adoptado en la anterior instancia es correcto.

III.- Los jueces Mariano González Palazzo y Magdalena Laíño dijeron:

Efectuadas las medidas de prueba indicadas en el pronunciamiento adoptado por mayoría el 24 de octubre de 2019 (art. 309 del CPPN), a saber: un peritaje psiquiátrico en la persona de S. C. a fin de establecer si presentaba indicadores clínicos postraumáticos, angustia o temor vinculados con el episodio investigado; y un examen mental amplio de R. G. (art. 78 del CPPPN), los resultados de dichas experticias, sumado a la ausencia de nuevos elementos probatorios, impiden agravar la situación procesal del imputado.

Veamos.

La perito psicóloga del Cuerpo Médico Forense, licenciada Silvia Virginia Alberino y la licenciada Melina Siderakis del Cuerpo de Peritos de la Defensoría General de la Nación, ratificaron todos los términos y conclusiones del informe oportunamente presentado con fecha 12/4/19. Además, hicieron saber que tomando en consideración los puntos de pericia requeridos por la Fiscalía y la indicación de no revictimización de la víctima, se decidió desde la coordinación departamental del Cuerpo Médico Forense no realizar la peritación psiquiátrica.

En lo que aquí interesa el peritaje anterior concluyó en que “no surgen indicadores de conflictiva emocional clínicamente significativa de naturaleza sexual y/o criterios mínimos indispensables para la confirmación de un cuadro de estrés postraumático reactivo a los hechos denunciados (…)”.

Por su parte, el doctor Christian Donnewald, psiquiatra del Cuerpo Médico Forense certificó que las facultades mentales del imputado se encuentran dentro de los parámetros normales.  Para lo cual consideró que G. refirió no haber recibido tratamientos anteriores psicofarmacológicos ni psicoterapéuticos ni plan de tratamientos y rehabilitación de drogas. Y que se presentó a la entrevista correctamente vestido y aseado. La actitud fue de colaboración y su estado de conciencia vigil, orientado con respecto al entorno y a su persona. Aspecto tranquilo, atención correcta, de forma estable. La exploración de la memoria no denotó fallas significativas. La sensopercepción fue normal, no presentó alteraciones cualitativas y el curso del pensamiento se halló sin particularidades. El contenido ideico presentó características normales. En la esfera afectiva reveló un humor dentro de los parámetros normales y en la volitiva sin particularidades. No se detectaron signos y/o síntomas de agresividad en el momento del examen y su capacidad jurídica se mostró conservada.

Sobre el particular se ha sostenido que “cuando luego del dictado de la falta de mérito no progresó la pesquisa para autorizar el procesamiento, corresponde sobreseer, dado que de no existir una definición procesal, si es que la investigación no modificó sustancialmente el proceso en contra del encausado (…). Por eso, quien se ve envuelto en una cuestión penal (…) y no exista posibilidad razonable de que sea llevado a juicio, cuenta con el inalienable derecho de verse reivindicado por un pronunciamiento que, con fuerza expansiva propia de la cosa juzgada, ponga fin para siempre a la situación de minusvalía que genera el procesamiento penal” (aporte de Mariano La Rosa en Almeyra, Miguel Ángel, Código Procesal Penal de la Nación, Comentado y Anotado, La Ley, Buenos Aires, 2007, tomo 2, pág. 566/567).

En consecuencia, agotada la pesquisa y examinado el caso bajo el prisma del principio in dubio pro reo  (art. 3 CPPN) en función del cual cabe dilucidar si, con las pruebas adquiridas en el proceso, puede emitirse un juicio de certeza sobre los hechos enrostrados, toda vez que queda un resquicio a la duda, que siquiera alcanza para construir una hipótesis de probabilidad o verosimilitud, que no logra destruir el estado de inocencia del acusado con base en aquél principio (CSJN “Vega Giménez” Fallos:329:6019 y arts. 18, 75 inc. 22 CN; 11.1 DUDH; XXVI DADH; 8.2 CADH; 14.2 PIDCYP) por lo que deberá homologarse la decisión de la magistrada de la anterior instancia de desvincular definitivamente a R. G. del sumario en los términos del artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación.

Por otra parte, cobra especial relevancia que la pesquisa iniciada en diciembre de 2018 se encuentra agotada y se ha superado ampliamente el plazo estipulado en el art. 207 del código adjetivo. Por ello, en base a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el alcance que debe darse al derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas reconocido a partir de los precedentes “Mattei” (Fallos: 272:188) y “Mozzatti” (Fallos: 300: 1102), es que también corresponde poner fin a la situación de incertidumbre que todo proceso penal conlleva (arts. 18 y 75 inc. 22 CN, 8 CADH y 9.3 PIDCYP). Así votamos. (...)”

Descargar archivo 1 : fallos49060.pdf
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