Medida de prueba: nulidad – Evaluación psicológica de la damnificada - Diligencia realizada cuando la defensa no había sido anoticiada de la existencia de la causa - Acto reproducible - Ausencia de perjuicio

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 30 - Jun - 2020

“(…) El 10 de mayo de 2019 R. G. G. efectuó formal denuncia contra J. N. L. en virtud de hechos ocurridos en el año 2017 (cuando ella tenía 23 años de edad) que habrían vulnerado su integridad sexual (fs. 3/5).

Las actuaciones fueron delegadas al representante de la vindicta pública a tenor del art. 196 del ritual (fs. 7), quien procedió a citar a la damnificada (fs. 8) y a recibirle la ampliación de su testimonio (fs. 9/10).

A fs. 22, el fiscal de la causa dispuso remitir las actuaciones a conocimiento de los especialistas del Cuerpo Médico Forense a fin de que se practique, respecto de G., una amplia evaluación psicológica / psiquiátrica en procura de determinar la presencia de sintomatología compatible con los episodios denunciados y la verosimilitud de su relato, entre otras cuestiones.

En esa oportunidad, dispuso también designar de oficio a la Defensoría Oficial, a fin de que ejerza la defensa del imputado.

A fs. 24, la titular de la Defensoría en lo Criminal y Correccional N° 20 devolvió el legajo señalando que, conforme pudo advertir, L. no se encontraba notificado de la formación de esta causa en su contra, ni de los derechos que le asisten (arts. 104 y 107 del C.P.P.N.), por lo que “no asumimos, por el momento, la asistencia técnica del nombrado”.

A fs. 25, el fiscal T. dispuso lo siguiente: “por recibida, téngase presente -de momento- el oficio de fs. 24 y remítase la presente causa al Cuerpo Médico Forense a fin de que se dé cumplimiento a lo ordenado en el auto de fs. 22”.  

Inmediatamente después, a fs. 26/29, fue incorporada a la encuesta la presentación suscripta por la Licenciada A., esto es, el informe cuya nulidad se revisa.

Recién a fs. 76, el fiscal dispuso notificar a L. de la existencia de la causa en su contra, por “un presunto hecho delictuoso calificado ‘prima facie’ como abuso sexual… que en el plazo de tres días nombre a un abogado… bajo apercibimiento de tener el nombramiento por no efectuado y se le designará de oficio a la Defensoría Oficial (arts. 104, 106 y 107 del C.P.P.N…)”. 

Luego de formalizado el acto de intimación en los términos del art. 294 del digesto adjetivo, la defensa particular de L. hizo el planteo de nulidad que nos convoca (fs. 124).

A su turno, el magistrado a quo resolvió hacer lugar a la invalidez peticionada, de la experticia glosada a fs. 26/29, por afectación a la defensa en juicio y al debido proceso.

Se hizo hincapié en que el art. 258 del C.P.P.N. tacha de nulidad la falta de notificación a las partes, antes de que se inicien las operaciones periciales, y que no se verifica en la especie ninguna de las excepciones previstas en la norma. Al respecto, agregó “que, en su caso, de haber considerado que se verificaba alguna de esas dos situaciones de excepción, la fiscalía debería haberlo explicado o argumentado. Cosa que tampoco hizo”.

Entendió entonces que la postura de la fiscalía de sólo “tener presente” lo planteado por la defensora oficial y llevar a cabo de todos modos la pericia, generó un estado de indefensión a L., quien no contó ni con el asesoramiento de la defensa oficial ni con el de algún letrado de su confianza. Que, al haberse materializado la evaluación, en esas condiciones, provocó un agravio que en forma directa lesionó el derecho de control y contradicción de la prueba del cual goza el imputado y, por tanto, también el debido proceso.

Al recurrir tal temperamento, el fiscal de grado expuso que el planteo de la defensa de L. “apunta más a dilatar la tramitación de la causa que a resguardar los derechos de su defendido”; que la pericia cuestionada resulta reproducible y ampliable, y que no se ha señalado concretamente cuál fue el perjuicio que se produjo ante lo ocurrido, por lo que la medida adolece de un rigorismo formal excesivo.

Sentados sucintamente los antecedentes del caso, y sin perder de vista que la irregularidad en el trámite del proceso que aquí se revisa bien pudo ser evitada, lo cierto es que se comparte la postura adoptada por el Ministerio Público Fiscal de mantener la validez del acto en cuestión, dado que no se ha generado un agravio concreto de imposible reparación.

Ello, en la medida en que la evaluación psicológica / psiquiátrica de la denunciante resulta ser un acto reproducible, ampliable y objetable y, por lo tanto, su declaración de nulidad, por los motivos reseñados, traduciría una solución de estricto corte formal, que se aparta de los principios de trascendencia y conservación que rigen en la materia.

En este sentido, tiene dicho la doctrina que “…la invalidez de un acto no puede decidirse sin atender a las circunstancias específicas… Esta respuesta a la infracción es inaplicable genéricamente dado que, como toda nulidad, no es ajena a los principios de trascendencia y de conservación del acto… En cada caso debe detectarse el perjuicio provocado por la omisión y el interés jurídico en producir el pronunciamiento de invalidez…” (Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl (2006), “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, Bs. As. Tomo 1, pág. 501).

En el caso, la defensa que postuló la invalidez no ha demostrado precisamente qué perjuicio concreto le generó la falta de intervención del perito de parte en el acto cumplido, que no pueda ser subsanado mediante el nuevo desarrollo de esa labor con su participación.

La fuerza probatoria que eventualmente se otorgue a ese dictamen y al nuevo que se practique en las condiciones expuestas en un auto de mérito será un aspecto a valorar por el juez de la causa, conforme a los principios de la sana crítica, que, de no ser compartido, podrá recurrir la defensa en la oportunidad procesal pertinente.

Por último, corresponde recordar que la nulidad es un remedio de carácter excepcional que fulmina un acto que, por contener un vicio sustancial, conculca garantías constitucionales y/o derechos de las partes y, quien la pretende debe demostrar el agravio irreparable provocado por el acto impugnado. Sólo allí radica el interés jurídico a proteger (...)”

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