Abuso sexual con acceso carnal – Falta de mérito – Entrenador deportivo: relación de poder - Elementos suficientes para agravar la situación procesal

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 11 - Sep - 2020

“(…) Hecho atribuido.

Conforme el acta de la declaración indagatoria: “Se le imputa  al nombrado C. haber abusado sexualmente de A. D. –de 18 años de edad en ese momento-, en forma reiterada, mediando acceso carnal por vía oral y vaginal, y asimismo haber abusado sexualmente de C. L. O. –quien en ese momento contaba con 16 años-, mediando acceso carnal por vía vaginal; todo ello, mediante un abuso intimidatorio originado en una relación de poder, en virtud de su rol de entrenador de vóley de las nombradas en el C. V. S. esta Ciudad.

Concretamente, a finales del mes de julio del año 2014 –en fecha no determinada y en horas de la tarde-, C. en oportunidad de llevar en camioneta a D. al entrenamiento de vóley del club de mención, ingresó al hotel de alojamiento denominado F. –sito en calle. … de esta Ciudad- sin consentimiento de ésta; en dicho lugar la desvistió, la obligó a practicarle sexo oral y la penetró vaginalmente. Al salir, le refirió que no podría contarle a nadie lo ocurrido y la obligó a borrar del celular sus conversaciones.

En suma, 2 o 3 días después –en fecha no determinada y en horas de la tarde-, cuando llevaba nuevamente con su vehículo a D. al entrenamiento, ingresó a ese mismo hotel, y mantuvieron relaciones sexuales, sin el consentimiento de la nombrada.

Además, en una fecha no determinada, aproximadamente en junio de 2014, en oportunidad en que llevaba en camioneta a D. al entrenamiento, estacionó en el camino, besó a la nombrada, la hizo pasar al asiento trasero del vehículo, se quitó los pantalones y la obligó a tocarlo en sus partes íntimas; también intentó tocar a D., quien se resistió; ante la negativa se puso violento y la víctima le dijo que estaba indispuesta.

Por otro lado, en una fecha no establecida -aproximadamente en mayo de 2014-, C. en oportunidad en que llevaba en su vehículo a C. L. O. al entrenamiento de vóley, sin preguntarle ni aclararle nada, ingresó al albergue transitorio mencionado, donde hablaron y mantuvieron relaciones sexuales, la penetró vaginalmente.

Dicha situación se repitió en otras oportunidades que no pudieron especificarse, tanto en el H. F. como en el H. D., sito en Av. ..… CABA.

Para consumar los abusos, se valió de la relación entrenador/alumnas que lo unían con D. y O., utilizando el interés deportivo de las víctimas, e inició una estrecha relación de confianza con cada una de ellas, por medio del cual logró trasladarlas a un hotel sin referirles a donde se dirigían, y abusó de ellas en las formas descriptas.

En esas circunstancias, se comunicó diariamente con D. para hablar sobre el entrenamiento y cosas personales, y le refirió que él tenía que ser lo más importante para ella porque era un proyecto de jugadora, y no iba a progresar ni crecer si no le hacía caso; se enojaba si ella no lo obedecía, y la mandaba a hacer los peores ejercicios o la humillaba frente a los compañeros, provocando así que D. le respondiera inmediatamente los mensajes y llamados para mantener una buena relación. También C. aprovechó el estado de ánimo de O., que estaba angustiada por la separación de sus padres, para lograr mayor confianza con ella, y le refirió que siempre la iba a proteger porque era la preferida, que era su proyecto deportivo y se tenía que cuidar y ser perfecta.

Así, en distintas oportunidades hizo que las nombradas aceptaran que las buscara por sus casas para llevarlas al club, situación que aprovechó para concretar los abusos sexuales detallados.

Incluso, en una oportunidad en que había buscado en automóvil a D. para ir a entrenar, se desvió del camino hacia un lugar de la Provincia de Buenos Aires, donde dos sujetos le dieron una caja de zapatos que contenía un arma de fuego, la cual le mostró a D. Tal circunstancia le provocó a la víctima un temor tal que, al verse luego obligada a mantener relaciones sexuales con C., no se animó a decir nada.”

De la situación procesal:

Luego de haber compulsado las constancias de la causa incorporadas digitalmente al Sistema de Gestión Lex 100, entendemos que el auto en crisis debe ser revocado, por cuanto tal como lo sostienen los representantes del Ministerio Público Fiscal, se cuenta con elementos suficientes para acreditar, con la provisoriedad que requiere esta etapa, tanto la materialidad, como la intervención de M. G. C. en los episodios en examen.

En efecto, A. D. explicó la relación que tenía con su entrenador y como la situación se fue tornando cada vez más incómoda hasta terminar en los hechos denunciados en sí. Comenzó haciendo referencia a que cuando ella tenía 16 años padecía de problemas en su espalda y que por ello C., como su entrenador de Vóley en aquel entonces, le ofreció que fuera a nadar a un natatorio que tiene en la localidad de Los Polvorines.

Explico que ya en aquel momento comenzó a sentirse incomoda y concurrió “solo dos o tres veces” al lugar, ya que “el natatorio estaba cerrado en los horarios que iba, y lo abría solo para mí, y cuando me explicaba los ejercicios no me gustaba como me tocaba o agarraba, me sentía muy incómoda” (fs. 170 vta.).

Conto que empezó a entablar una relación distinta con C., en la que él le enviaba todos los días vía mensajes de WhatsApp, hasta llegar a enojarse si ella no le contestaba rápido. “Me decía que él tenía que ser lo más importante para mí porque yo era un proyecto de jugadora y no iba a progresar ni crecer si no le hacía caso”; “cuando se enojaba me ignoraba durante todo el entrenamiento, no me corregía lo que hacía mal, me mandaba a hacer los peores ejercicios, y me humillaba frente a mis compañeros, por lo que empecé a responderle apenas me escribía y a atender sus llamadas para mantener una buena relación”, circunstancia que muestra los primeros indicios de vicio en la voluntad.

Asimismo, explico que en uno de los viajes que realizaban al C. V. S., donde por lo general hablaban de cuestiones vinculadas a la práctica deportiva, el imputado se desvió y le dijo “que tenía que hacer una parada antes de llegar al club, que nadie podía saber a dónde y que no se lo había contado a nadie, ni a su mujer, que solamente iba a saberlo yo y que confiaba en mi” para luego referir que se encontró con dos hombres quienes le dieron una caja de zapatos “cuando volvió abrió la caja me mostro que tenía un arma y  (…) me dijo que él no era un tipo cualquiera y que la gente importante tenía armas” (fs. 170vta).

Al respecto, véase que la víctima explicó como en el primer abuso sexual, luego de entrar al H. F., “no le pude preguntar nada, no pude decirle nada en ese momento, le tenía mucho miedo, sabía que él podía tener un arma en la camioneta”;“cuando salimos del hotel me dijo que no podía decirle a nadie lo que había pasado y me hizo borrar las conversaciones de mi celular” para luego referir que la segunda vez había sido igual (fs. 170).

M. D., luego de tomar conocimiento de la situación, se reunió con C. y le dijo que se fuera del club, y que, ante ello, “M. C. renuncio al otro día (…) sin dar ningún tipo de explicación”, ello se encuentra además corroborado por R. F. V., quien reemplazó a C. en su trabajo como entrenador en el club V. S. y dijo “manifestó repentinamente que iba a renunciar al club (…) lo que le llamo mucho la atención debido a su falta de aviso previo”(fs. 17vta).

Además, V. refirió que como director técnico de A. esta le pidió asesoramiento –ya que además es abogado- de como denunciar un abuso sexual, circunstancia que le llamo la atención.

Seguidamente contó que en los meses subsiguientes, luego de que A. se desmayara “cuando estaba parada en el banco de suplentes” comenzó a interiorizarse –junto con C. A., su pareja- en lo que le estaba pasando, tomando conocimiento luego, y por medio de A., de las situaciones de abuso que padecía.

Por su parte C. A. explico que A. le conto –siempre bajo llanto- “diferentes casos de abuso sexual que había recibido de parte de M. C.” y que “C. la separaba del grupo (…) antes o después de los entrenamientos o los partidos (…) aprovechaba para atemorizarla” (fs. 24).

Hasta aquí, contamos con declaraciones de las cuales no se vislumbra ninguna contradicción que nos haga dudar respecto de sus expositores.

C. L. O., quien describió precisa y circunstanciadamente la relación que mantenía con C., a quien conoció a los 14 años.

Al respecto, conto que M. era como un padre para ella, y que cuando lo conoció estaba pasando por un momento difícil a nivel familiar “mis papas se estaban separando y él me preguntaba siempre por eso, y me decía que tenía que ser feliz y hacer cosas que me hicieran bien (…) me decía que siempre me iba a proteger porque yo era su preferida” (fs. 182).

A su vez dijo que en una gira deportiva en la que el único mayor de edad era M. “tenía problemas lumbares y él me ofreció hacerme masajes en su habitación. (…) Fui, me hizo acostarme en su cama boca abajo sin remera y sin top y después empezó a bajarme los pantalones y me dijo ‘perdón la idea no es que te quedes en bolas pero bueno” (fs. 182vta)

Véase que la damnificada expresa que el Vóley era “lo único que (le) hacia bien (…) era mi escape y sentía que él me estaba protegiendo de lo malo que me estaba pasando en casa con la separación de mis papás” (fs. 182vta).

Llama la atención que ambas damnificadas, las cuales ni siquiera compartían equipo, manifestaran su temor a que C. se enojara con ellas, “tenía miedo que se enojara porque cuando eso pasaba dejaba de prestarme atención en los entrenamientos y me ignoraba”; “me decía que él era mi entrenador, que tenía que tratarlo bien” (fs. 182vta y 171).

Ahora bien, teniendo en cuenta la totalidad de los testimonios descriptos, coincidimos con el representante del Ministerio Publico Fiscal en que resultan suficientes para agravar la situación procesal del imputado, en tanto no se vislumbran indicadores que nos hagan dudar de los mismos sino que por el contrario, parecieran tener una estructura lógica y detallada.

Además, véase que las propias víctimas hicieron referencia a que el encartado las veía como un “proyecto de jugadoras” lo que, a nuestro entender, utilizaba para influir en su psiquismo, aprovechándose de su situación de entrenador. Esta asimetría alcanza para afirmar, sin hesitación, que el consentimiento prestado por las víctimas no fue libre y estuvo sujeto a una relación de poder que las condicionaba y les impedía manifestarse en contra.

Tal vínculo de temor parece haber sido construido por el imputado con sumo cuidado a través del tiempo, a partir de situaciones de confianza, complicidades, en las que este se presentaba como un benefactor de sus virtudes deportivas y confidente de los problemas personales, además generarles temor, lo que puede inferirse de la circunstancia referida por A. D. que en una ocasión y sin motivo aparente alguno le exhibió un arma de fuego que llevaba en su camioneta.

La ley 25.087 incorporó como medios comisivos del abuso sexual, además de la violencia, la forma coactiva de una relación de dependencia, autoridad o poder. En estas situaciones el agente se encuentra en una relación de preeminencia respecto de la víctima, que por las características de ese vínculo tolera pero no consiente.

No podemos desatender que estamos frente a un adulto que revestía la calidad de entrenador y que se valía de esa circunstancia para condicionar a sus alumnas a que accedan a mantener relaciones sexuales no consentidas. Las expresiones de las víctimas tales como que les causaba “temor”, “la atemorizaba”, “dejaba de prestarme atención en los entrenamientos y me ignoraba”, no dan lugar a dudas.

Los fundamentos del proyecto de la ley 25.087, aporta claridad a la cuestión. En esa oportunidad se argumentó que “... las víctimas de robos o asaltos no necesitan probar que ellos se resistieron, o que no consintieron, o que el acto fue cometido con la suficiente fuerza o suficiente amenaza de fuerza, para superar su voluntad, porque la ley presume altamente improbable que la gente se desprenda de su dinero voluntariamente y que la gente no se somete voluntariamente a sufrir daños corporales y secuelas permanentes, mientras que las víctimas de abusos sexuales necesitan probar estos requisitos porque el derecho usualmente no ha sido capaz de distinguir satisfactoriamente entre un acto sexual mutuamente deseado de una agresión sexual forzada, porque no ha escuchado las voces de las mujeres...Los criterios aplicados para medir la resistencia o el consentimiento, vis a vis, la fuerza o la amenaza de fuerza nunca han sido capaces de captar precisamente el terror de la víctima, porque el terror es una reacción psicológica y no un criterio que puede ser medido por parámetros objetivos varios meses después en los tribunales. Por otra parte, no sólo se mide y pesa la respuesta de la víctima durante el acto, sino que su propia historia sexual pasada es sometida a un escrutinio prejuicioso bajo la teoría de que se relaciona con su “tendencia a consentir”, o que refleja su credibilidad, su veracidad, su predisposición a decir la verdad o a mentir. Los juzgadores a los que se les presenta tal historia del pasado sexual de la víctima hacen uso de tal información para formarse una apreciación moral de su carácter, y aquí entran en juego todos los viejos mitos de la violación, dado que persiste la vieja creencia que una mujer, virtuosa o no, puede ser violada o no se expone a situaciones que la dejan en riesgo de sufrir un ataque sexual. Por eso, muchas veces se ha dicho que la mujer estaba provocando el ataque y, por lo tanto, consintiendo, o que una mujer honesta hubiera luchado hasta la muerte para defender su “virtud”. Asimismo, es imposible, aceptar la defensa de que el atacante creía que la víctima consentía, considerando meramente el punto de vista del atacante, pues ello implica adoptar desde el Derecho el punto de vista del que genera el ataque.” (citado por Fígari, Rubén E. en “Delitos Sexuales, Análisis doctrinal y jurisprudencial de los arts. 119 a 129 del Código Penal”; Ed. Hammurabi, 1ª edición; Buenos Aires, 2019; p. 57).

Debemos mencionar, además, que las damnificadas se expidieron de manera contundente para estabilizar la imputación contra M. G. C. en los términos del art. 306 del código adjetivo, pues más allá de otros elementos incriminantes que puedan recabarse durante la pesquisa. El autor aquí se valió de patrones culturales para llevar adelante su conducta, cuya característica es que esta clase de hechos suelen darse en la intimidad o apartados de la vista de testigos; circunstancias, entendemos, desvanecen el descargo que efectuara el imputado.

Para estos caso se impone, además, la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), como así también lo establecido en la ley 26.485; conforme las cuales el Estado se comprometió a “Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en (…) funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (cf. art. 5 de la CEDAW).

De este modo, se ha logrado reconstruir el suceso en estudio, al menos con la certeza que requiere esta etapa para sostener que la hipótesis de cargo luce razonable, por lo que corresponde hacer lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal, habilitando el avance del asunto a etapas ulteriores del proceso en las que la defensa podrá plantear su teoría del caso, superándose las limitaciones de una etapa rígida y dirigida, como lo es la instrucción.

Ello, sin perjuicio de las medidas que el instructor estime útiles y pertinentes, y sean llevadas a cabo evitando la rectivimización de las damnificadas.

De la calificación legal:

En atención a la base fáctica atribuida al imputado en el acto de indagatoria, los sucesos encuentran adecuación típica en la figura prevista en el inciso b, tercer párrafo del art. 119 del Código Penal de la Nación.

Ello por cuanto, M. G. C. se habría aprovechado de las victimas mediante un abuso intimidatorio originado en una relación de poder, en virtud de su rol de entrenador de Vóley de A. D. y C. L. O.

Véase que C. se aprovechó de su situación de superioridad respecto de las damnificadas que lo ayudo a obtener un consentimiento –de acuerdo a lo dicho por las victimas- por demás viciado.

También les habría anunciado males relacionados con las legítimas expectativas que ellas tenían en el ámbito deportivo que las unía con C., pues ambas describieron que cuando se negaban, en los entrenamientos sentían que éste no las corregía, las discriminaba o separaba del grupo.

Al respecto la doctrina postula sobre el encargado de la educación o guarda: “el fundamento de la agravación en este caso reside en la infracción de los deberes particulares inherentes al cargo del autor o las obligaciones que asumiera voluntariamente. Es decir, es la particular relación del agente con la victima la que la ley ha tenido en cuenta para fundar la mayor punibilidad” “es indispensable que el autor cometa el delito abusando de su función, pero si exista una concreta vinculación con el sujeto pasivo en virtud de la función que respecto de él cumple el agente: el maestro caerá en la agravante si viola a la alumna del colegio en que enseña, pero al contrario, no cuando lo hace sobre una alumna de otro establecimiento con el que no posee relación alguna (…)” (Donna, Edgardo Alberto; “Derecho Penal Parte Especial”, Ed. Rubinzal Cuzoni, Santa Fe, Tomo I, 2001, p. 608).   

También que: “La relación de dependencia se da cuando la víctima está subordinada al agente, circunstancia que normalmente ocurre en el orden laboral y se abusa de dicha relación cuando aquel se aprovecha de la alternativa de que el sujeto pasivo se encuentra sujeto a sus órdenes para anular la voluntad valiéndose de una especie de chantaje o la amenaza de sufrir consecuencias perjudiciales en su trabajo en caso de negarse a aceptar sus pretensiones sexuales, como las de ser propuesta/o en los ascensos o aumentos de sueldo a los que legítimamente podía aspirar. En cuanto a la relación de autoridad, atraparía aquellos casos en los que el abuso se produce por parte de un superior jerárquico, en el marco de una estructura u organismo, que se basan sobre parámetros de autoridad o disciplina, que derivan en obediencia o en un sometimiento a reglas un tanto rígida (…) En lo atinente al abuso intimidatorio por la relación de poder, constituye la más abarcativa expresión que debió utilizar el legislador en lugar de las dos anteriores, ya que en este caso está claramente expresado  el vínculo que une a la víctima y victimario-preexistente-. Una relación de cualquier índole que establece una preeminencia ineludible de uno sobre el otro e incluye situaciones no contempladas como las del tutor, curador, padres, guardadores y otras personas, que tienen una efectiva preeminencia sobre la víctima.” (Fígari, Rubén E. ob. cit, p. 64).

Por último, en función del despliegue de la conducta circunscripta por el Ministerio Público Fiscal y sin perjuicio de la provisoriedad de la calificación legal y del grado de intervención que le cupo, entendemos que M. G. C. deberá responder en calidad de autor.

De la libertad:

En atención a que M. G. C. no contaría con antecedentes penales, según surge de las constancias digitalizadas de la causa, y no se advierten peligros procesales, corresponde que, de momento, se mantenga su libertad; cuestión que podrá ser examinada en una ulterior oportunidad.

Del embargo:

En lo que respecta al monto del embargo, debe estimarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemización civil y las costas. Específicamente, las costas comprenden: el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos, y los demás gastos que se hubieran originado en la tramitación de la causa.

Ahora bien, nada habrá de disponerse en cuanto a la pena pecuniaria, por no estar prevista para la figura que se les atribuye, pero en relación a los eventuales reclamos y costas del proceso, habrá de fijarse en ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000), a efectos de cubrir los honorarios de los profesionales que intervinieron (conforme lo establecido en el art. 70 de la ley 27.149) y los que pudieran en un futuro intervenir, a los que alude el inc. 2° del art. 533 del ordenamiento adjetivo y la tasa de justicia prevista en el art. 6 de la ley 23.898 y la Resolución nro. 498/91 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cabe aclarar que los rubros que se tienene en cuenta al momento de fijar la medida cautelar son meramente indicativos e indeterminados, los cuales pueden ir variando en las distintas etapas del proceso hasta mediar sentencia (...)”

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